«Llevamos esperando 793 años que Guadalupe pase a una diócesis extremeña»

Antonio Guerra, extremeño y estudioso de la histórica disputa, desgrana los pormenores de la pertenencia de 31 pueblos extremeños a la provincia eclesiástica de Toledo en una semana en la que se ha vuelto a avivar la polémica con las declaraciones del arzobispo toledano.

Guadalupe Moral 15/03/2015

Cada 8 de septiembre, por el Día de Extremadura, vuelve a salir a la calle una reivindicación que siempre ha estado ahí. De hecho, lleva casi 800 años en el ambiente. La pertenencia de Guadalupe y otros 30 municipios extremeños a la provincia eclesiástica de Toledo, en lugar de a alguna de las tres diócesis extremeñas, es una disputa histórica en la región. El problema comenzó a surgir en el año 1222, explica Antonio Guerra Caballero, un extremeño afincado en Málaga y estudioso del ‘conflicto’ que ha escrito numerosos artículos sobre la extremeñidad de Guadalupe.

«Empezó cuando el Arzobispo de Toledo, Rodrigo Ximénez de Rada compró los llamados Montes de Toledo, en los que están comprendidos Guadalupe y los 30 pueblos extremeños que hoy pertenecen a la archidiócesis toledana», explica Guerra. En realidad, prosigue, fue una compraventa, según una carta fechada en 1926, que reseña que costó 8.000 morabetinos y 1.000 cahíces de trigo y cebada. «Con esta compraventa el arzobispo al mismo tiempo que repoblaba territorio fronterizo con los árabes, iba consolidando su poder en la comarca».

Así, la Iglesia de Toledo se adueñaba de tierras y la jurisdicción eclesiástica sobre los territorios extremeños, que aún hoy sigue conservando pese al intento del obispo placentino Sancho y a que existen varios concordatos e incluso en el Concilio Vaticano II (1962) que ordenan que la jurisdicción eclesiástica de las archidiócesis y diócesis se adecue a la jurisdicción civil de sus respectivas regiones y provincias. «A fin de evitar en lo posible que las diócesis abarquen territorios pertenecientes a diversas provincias, las Altas Partes contratantes procederán, de común acuerdo, a una revisión de las circunscripciones diocesanas», recoge un artículo del Concordato de 1953, aún vigente y por el que se segregaron de Toledo otras diócesis españolas (Madrid-Alcalá, Albacete, Ciudad Real, Guadalajara o Córdoba) y las nuevas diócesis se adscribieron ya a los territorios de sus respectivas regiones civiles. El extremeño señala también una bula de Pío IX, de 1873, que mandó agregar los territorios de las Ordenes Militares a las diócesis en las que están enclavados, o a la más cercana si colindasen dos o más diócesis. «Así pues, se ve claramente que la Iglesia incumple sus propias normas con Extremadura», lamenta Guerra Caballero.

Tras la reclamación del obispo Sancho en 1349, el litigio vuelve a adquirir voz en 1878, después de la desamortización de Mendizábal, cuando el escritor y diputado en las Cortes Vicente Barrantes visitó por primera vez Guadalupe y se encontró un panorama desolador. «Ahí comenzó su protesta con un grupo de extremeños escandalizados por el estado del monasterio. Todo el pueblo extremeño comenzó a tomar conciencia del expolio que estaba sufriendo entonces y ese momento sería el principio de la resurrección de Guadalupe a todos los niveles», explica Antonio Guerra. En aquellos años se inició la campaña Pro Restauración del Monasterio, «el primer aldabonazo que llamó a la conciencia de los extremeños».

Lea el artículo completo de elperiodicoextremadura.com

«Llevamos esperando 793 años que Guadalupe pase a una diócesis extremeña»
Scroll hacia arriba